A raíz del aumento explosivo de tomas irregulares de terreno en el borde costero de Atacama promovidas por la administración anterior, el Gobierno Regional dio a conocer el Plan de Normalización que busca poner fin al a la situación de ilegalidad en la que se encuentran miles de viviendas en el litoral de la región, principalmente en las comunas de Caldera y Chañaral.

En el marco de la sesión del Concejo Municipal de Caldera, el Intendente Miguel Vargas y la seremi de Bienes Nacionales, Marcela Cepeda, entregaron los lineamientos de cómo funcionará el plan de normalización a las autoridades de esa comuna y que se basa en dos proceso: el primero, es aplicar la figura de la “Autodestinación”, que busca generar acciones de contención y control de las ocupaciones. Para ello, la unidad de fiscalización del Ministerio trabaja en delimitar los terrenos que están cercados, pero no habitados, logrando definir las zonas que se acogen a la resolución de protección. El segundo proceso busca otorgar arriendos por “MacroLotes”, y donde la participación organizaciones y comunidades que se encuentran ocupando terrenos es fundamental, porque deberán presentar postulaciones que permitan regularizar su situación de ilegalidad.

Sobre el Plan de Normalización, el Intendente Miguel Vargas manifestó que dicho Plan de Acción apunta a normalizar la situación de ilegalidad en la que se encuentran miles de personas en el borde costero. “Este plan de Acción supone el levantamiento de información en cada uno de los sectores, y el Gobierno va a analizar cuál es la situación de cada uno de ellos”.

Asimismo, el Intendente fue tajante al anunciar que “el Gobierno iniciará procesos de fiscalización que impidan que se produzcan nuevas ocupaciones ilegales, y que, además, este proceso de fiscalización permita hacer las denuncias respectivas que posibiliten el retiro de cierres, el retiro de hitos que demuestran una acción ilegal, y que causan la preocupación de muchas personas que viven en la región de Atacama”, mientras la autoridad procedía a retirar un cierre perimetral ilegal presente en el sector de Los Patos, en Playa Las Machas.

Sobre el Plan de Normalización, Vargas aclaró que el proceso está basado sobre un alto sentido de responsabilidad. “En primer lugar, una resolución regional de Autodestinación, que será dictaminada por Bienes Nacionales tiene como propósito preservar y proteger esta zona, principalmente en cuanto al paisaje que tenemos que cautelar. La segunda acción del Plan de Normalización implica establecer un procedimiento de arriendo por Macrolote, que es una alternativa factible de implementar. La única manera de iniciar el proceso de normalización es a través de la figura de arriendo por Macrolote”.

Además, la autoridad aclaró que “la venta no es posible, por cuanto las personas no están en condiciones de urbanizar los terrenos ni de garantizar la urbanización.

La “responsabilidad de la administración anterior”

Sobre el alarmante número de tomas registrado durante el último año, Miguel Vargas no vaciló al asegurar que la responsabilidad es del Gobierno anterior. “Queremos actuar  con un alto sentido de responsabilidad, y hacernos cargo de una situación, de un problema, que se arrastra por muchos años aquí en la región de Atacama. Esta situación se vio incrementada a partir de las falsas promesas de la administración anterior. En eso queremos ser muy categóricos, las ocupaciones ilegales aumentaron de 3 mil 800 a más de 6 mil en un plazo de un año. Eso es porque el Gobierno anterior ofreció una alternativa de solución que no es factible de implementar.

El Intendente, además, indicó que el Gobierno es categórico en cuanto a que “no vamos a permitir más ocupaciones ilegales en el borde costero”.

“Ello no significa que nos neguemos a que existan alternativas de vivienda para las personas en la costa, lo que no queremos son ocupaciones ilegales, y en eso, el Gobierno va a ejercer todas sus facultades para que la ley se cumpla”, dijo.

“La modalidad de arrendamiento se definirá en la mesa de trabajo que se ha conformado, donde intervienen la municipalidad de Caldera, las autoridades sectoriales pertinentes, y en esa instancia se va a conversar con cada uno de los grupos. No se han establecido plazos, asegurando que el arriendo, para el Gobierno, es el inicio del  proceso de normalización de los terrenos del borde costero”, finalizó Vargas.